En el tercer día de su agenda en los Estados Unidos, el jefe de Estado participó en el encuentro con expertos globales en inteligencia artificial.

 

Al término de una reunión con expertos globales en inteligencia artificial (IA), en Nueva York, el presidente Gustavo Petro Urrego resaltó el potencial que tiene Colombia en este campo para ofrecerle al mundo, en particular por su ubicación estratégica y su conexión con el mar Caribe y el océano Pacífico.

 

“Colombia es el corazón del mundo y la inteligencia artificial necesita redes de fibra óptica que crucen los mares hacia los continentes. Colombia vuelve a ser estratégica como lo fue antaño con una historia muy diferente a la que nos tocó cuando el Canal de Panamá”, dijo el mandatario a los medios, en el tercer día de su agenda en los Estados Unidos.

 

El jefe de Estado destacó que, en el contexto internacional y específicamente en América Latina, a Colombia se le ve “como la posibilidad nodal de la inteligencia artificial”.

 

“Al regular la inteligencia artificial, desde el un punto de vista público global, es la construcción de una nueva sociedad, un nuevo mundo en el que Colombia es como una especie de vanguardia mundial”, agregó.

 

De hecho, manifestó que esta es la visión que se dio a conocer del país en el marco del encuentro con expertos globales, en el cual participaron delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de Microsoft y Cisco Systems, entre otros. 

 

“Lo que se ha desarrollado hoy me parece que es fundamental y estratégico”, subrayó el presidente Petro.

 

A la reunión con el jefe de Estado asistieron, entre otros, Amandeep Singh Gill, representante del secretario general sobre Tecnología de Naciones Unidas; Sangbu Kim, vicepresidente de Transformación Digital del Banco Mundial; John Giusti, director de Regulación de Global System for Mobile Communications; Israel Niezen, CEO de Factored; Juan M Lavista, vicepresidente, chief data scientist de Microsoft, y Abdul Aziz Bin Talal bin Abdul, presidente del Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo.

 

Se espera que este encuentro tripartito permita avanzar en la prevención, atención, judicialización y persecución de este delito. Participarán representantes de las comunidades indígenas Ticuna, Cocama y Yagua, quienes han trabajado en la protección de la vida, libertad y dignidad humana dentro de sus comunidades.

 

Con el propósito de combatir el delito de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, delegaciones de Colombia, Brasil y Perú se reunirán en Leticia hoy y mañana para reactivar la Mesa de la Triple Frontera Amazónica, que contará con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC). El encuentro es liderado por los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Renacer, en el marco de la Alianza de Cooperación Internacional para la Protección de la Niñez (CPC).

 

La Mesa de la Triple Frontera Amazónica nació hace más de 15 años con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, logrando avances en la persecución de este delito. Inactiva desde 2019, el Gobierno Nacional busca reactivar su acción para ofrecer una respuesta coordinada entre las autoridades de los tres países y poner en marcha un plan de acción para proteger los derechos humanos en la región.

 

El evento, denominado 'La Amazonía unida: Colombia, Brasil, Perú: Contra la Trata de Personas', tendrá lugar en Leticia (Amazonas). Contará con el apoyo de la Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia.

 

Se espera que este encuentro tripartito reactive la coordinación necesaria entre autoridades nacionales, regionales y locales de los tres países para avanzar en la prevención, atención, judicialización y persecución de estos delitos.

 

Participación de comunidades indígenas

 

Al encuentro asistirán autoridades de Colombia, Brasil y Perú encargadas de definir acciones contra la trata de personas y la explotación sexual, delitos que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas. También participarán representantes de las comunidades indígenas Ticuna, Cocama y Yagua, quienes han trabajado en la protección de la vida, libertad y dignidad humana dentro de sus comunidades.

 

Desde hace varios años, estas comunidades indígenas lideran un diálogo intercultural para unirse a la lucha contra la vulneración de derechos humanos. A través de sus instancias de representación y su jurisdicción especial indígena, han sancionado estos delitos, categorizándolos como gravísimos en sus planes de vida y reglamentos internos.

 

La Comisión de Expertos ha propuesto un Proyecto de Ley para la inclusión de afrodescendientes en las Altas Cortes, como parte de la reforma a la justicia en Colombia. Esta iniciativa, liderada por el comisionado Alí Bantú Ashanti, busca garantizar la representación de la comunidad afrodescendiente y se perfila como un paso significativo hacia la inclusión y la igualdad en el sistema judicial colombiano.

Asimismo, el proyecto de ley no solo aborda la representación afrodescendiente, sino que también se enfoca en la igualdad de género y etnias, proponiendo medidas concretas para asegurar la paridad en los cargos públicos. La iniciativa subraya la importancia de reflejar la diversidad de la sociedad colombiana en sus instituciones más altas, garantizando que todas las voces sean escuchadas y representadas en el ámbito judicial.

La propuesta ha sido recibida con interés y apoyo dentro de la comisión e incluso del Ministerio de Justicia. En donde, el comisionado Alí Bantú Ashanti ha destacado la necesidad de esta reforma como un componente esencial del gran proyecto de justicia que se está gestando en Colombia.

 

"Es imperativo que nuestras altas cortes reflejen la riqueza y diversidad de nuestro país. Esta propuesta es un paso decisivo hacia una justicia más inclusiva y equitativa. En ese mismo sentido, también trabajamos desde el Colectivo Justicia Racial." afirmó Alí Bantú Ashanti, comisionado.

 

En tal sentido, se trabaja en los detalles de esta propuesta, buscando establecer un marco legal robusto que garantice una verdadera equidad. La reforma judicial en curso promete ser transformadora, colocando a Colombia a la vanguardia de la inclusión y la justicia social en la región. "Este proyecto de ley representa un avance significativo en la lucha por la igualdad y la justicia en Colombia, reafirmando el compromiso del país con la construcción de un sistema judicial que refleje y respete la diversidad de su población” Señaló Alí Bantú Ashanti, comisionado.

 

Suministrado por :Mabel Rocio Castillo

Para la Corte, el proceso judicial de solicitud de restitución internacional de menor de edad debe implicar siempre un análisis ponderado, proporcionado y razonable, para maximizar la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, aplicando asimismo, la necesaria perspectiva de género frente a posibles escenarios de violencia contra la mujer.

 

El llamado de la Corte obedece al estudio de tutela que presentó una mujer en favor de su hijo, al considerar que, dentro de un proceso de restitución internacional de menor de edad iniciado por el padre del niño, el Tribunal Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de las mujeres a vivir sin violencia y el principio de interés superior del niño, luego de que avalara la restitución del infante.

 

La accionante pretendía con el amparo que el tribunal accionado, de manera provisional, suspendiera la orden de entrega de su hijo a su progenitor, y profiriera una nueva decisión judicial que negara la restitución del niño. La decisión judicial se adoptó luego de que se adelantara un proceso administrativo, tanto en territorio español como colombiano.

 

En Colombia, el trámite ordinario correspondió, en primera instancia, a un juzgado de familia, autoridad que negó las pretensiones del padre tras considerar que alejar al niño de su madre sería desarraigarlo. Además, verificó que los derechos del menor de edad estaban garantizados en el país y que tenía una buena relación materno-filial. El progenitor apeló la decisión y, en segunda instancia, el Tribunal le dio la razón y ordenó la restitución internacional del niño a España.

 

La Sala Segunda de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, conoció el caso y concedió el amparo de los derechos a la familia, al acceso a la administración de justicia y a vivir una vida libre de violencias de la mujer accionante, así como los derechos del niño a tener una familia y no ser separado de ella y al respeto por su interés superior.

 

Para la Sala, el Tribunal incurrió en defectos fáctico, sustantivo y por violación a la Constitución. Lo primero, porque ante la realidad procesal que deba cuenta de la situación del niño y la posible violencia en contra de la mujer, omitió asumir activamente el deber probatorio para establecer si la orden de restitución garantizaba el interés superior del niño. Además, no desplegó actuaciones procesales para determinar si era posible considerar la voluntad del menor de edad.

 

De igual forma, no aplicó el enfoque de género para verificar probatoriamente el posible escenario de violencia contra la mujer y el impacto de esta situación en el bienestar del niño. También, valoró indebidamente la conducta procesal de la mujer, lo que configuró un manifiesto acto que perpetúo la discriminación en su contra.

 

De otro lado, la Corte encontró que el Tribunal al interpretar el Convenio de La Haya de 1980, desconoció el principio de interés superior del niño y el enfoque de género. “En concreto, no verificó la excepción de peligro grave o situación intolerable para el menor de edad a pesar de los indicios de violencia de género en contra de su progenitora”. Tal situación implicó, de igual forma, el desconocimiento directo de la Constitución.

 

La Corte dejó sin efectos la sentencia del Tribunal accionado y ordenó lo siguiente: la actuación del ICBF y del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la colaboración de la Autoridad Central Española, para localizar al menor de edad y brindarle acompañamiento psicológico y de trabajo social. Adicionalmente, verificar que el niño no esté inmerso en escenarios de violencia intrafamiliar, así como examinar el impacto de su posible retorno a Colombia.

 

Tras recopilar la información mencionada y en un término perentorio, el Tribunal deberá proferir una nueva decisión, con plena observancia del interés superior del niño y de la aplicación de la perspectiva de género, ante un posible escenario de violencia contra la mujer y en garantía del debido proceso.

 

Sentencia T-275 de 2023

M.P. Juan Carlos Cortés González

Contraloría General advierte a Fondo Rotatorio de Ministerio de Relaciones Exteriores sobre proceso licitatorio de pasaportes por cerca de $600 mil millones, por inminente riesgo de afectación en la prestación de este servicio público esencial. Uno de los riesgos que se puede materializar es una parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

 

La Contraloría General de la República realizó un pronunciamiento de advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el inminente riesgo que ha identificado en torno al suspendido proceso licitatorio de suministro, formalización y distribución de pasaportes (Licitación Pública LP-001-2023).

 

Según la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, que realizó un informe de seguimiento sobre el tema y recomendó al Vicecontralor en Funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, formular esta advertencia, como consecuencia de las recientes actuaciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

 

Entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes tanto en el territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin”.

 

El pronunciamiento de Advertencia sobre el proceso de Licitación Pública LP-001-2023 está firmado por el Vicecontralor en Funciones de Contralor General y dirigido al Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

 

La comunicación finaliza recordando que la finalidad de la advertencia es prevenir la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la entidad, por lo que “se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”.

 

Antecedentes

 

Como resultado del informe de seguimiento permanente realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 11 de agosto de 2023, se sugirió emitir advertencia con fundamento en las siguientes observaciones:

 

*Este órgano de control observa que el pasado 31 de julio de 2023, ocurrieron dos hitos, en aparente contradicción, que afectan el curso del proceso licitatorio y pueden llegar a tener repercusiones sociales y fiscales.

 

*De una parte, se produjo el informe del Comité Evaluador del proceso de Licitación Pública LP-001-2023, que concluye recomendando al ordenador del gasto adjudicar la licitación a un proponente que se encuentra habilitado en todos los componentes del presente proceso y se considera idóneo para la ejecución del contrato. Por la otra, el mismo día, se expide la Resolución número 5778 "Por medio de la cual se suspende el proceso de la licitación pública No. LP-01-2023"

 

*Actualmente, hay un proceso licitatorio abierto sin fecha de terminación cierta, ya no sujeto a las resueltas de la Acción Popular radicada en el Tribunal Administrativo Sección 14 de Cundinamarca bajo el número 25000234100020230094100, y que fue el argumento esgrimido por la administración para sustentar la suspensión del proceso, pues la Acción fue rechazada. En resumen, el proceso licitatorio se mantiene suspendido sin que el Fondo haya expuesto a este ente de control una justificación distinta a la de su capacidad legal para mantener la suspensión.

 

*Como consecuencia de estas recientes actuaciones de la administración, la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó. Entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes tanto en territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así, los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin.

 

*En últimas, estás situaciones convergen en riesgos en la prestación de un servicio público esencial, relacionado con la garantía de derechos fundamentales en un horizonte de varias vigencias, con un valor estimado de $599.651.582.571, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.